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Albistearen bideoakLos estafados en el "Caso Fontaneda" esperan recuperar su dinero antes del fallo del supremo
Los perjudicados por el llamado “caso Fontaneda” han conocido una primera resolución tras diez años de espera. La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado por estafa a Manuel Cid, socio del promotor artístico Antonio Fontaneda, Juan Pedro Echarri Rubio, ex director de la oficina principal del Banco Guipuzcoano en Pamplona, y a la propia entidad bancaria, declarada como responsable civil subsidiaria y que deberá pagar 9 millones de euros de principal dada la insolvencia de las sociedades de Fontaneda. Los hechos se remontan a 1999, cuando los tres condenados (Fontaneda, Cid y Echarri) articularon una estafa piramidal que ofrecía a los inversores intereses anuales de entre el 50% y el 120%. Al cabo de un tiempo, se evidenció la estafa, y a los inversores les fue imposible recuperar su dinero.
Antonio Fontaneda fue condenado por un delito de malversación impropia a la pena de 4 años y medio de cárcel a instancia de la acusación de los Letrados de ATE Asesores Legales al vender sin autorización judicial 3 vehículos que tenía en depósito y que le fueron embargados para que pudiera responder de las responsabilidades civiles derivadas de la causa penal citada en anteriores líneas.
ATE Asesores Legales, personados desde el inicio de la causa y promotores de la misma, ejerciendo las acusaciones particulares que defendían los intereses de los estafados, han anunciado su intención de solicitar la ejecución provisional de la sentencia. "Esta petición afecta únicamente a la responsabilidad civil y, en concreto, al importe principal adeudado. Es decir, aquí no entrarían otros conceptos como pudieran ser los intereses que ha generado la cantidad invertida, que se deja para ejecución definitiva de la sentencia, pero sí la cantidad que está tasada y reflejada en el fallo", subraya Juan Luis Alfaro Zubillaga, responsable del Gabinete Jurídico de ATE que, junto a sus compañeros de despacho Abigaíl de la Iglesia y Eneko Aramburu, defienden los intereses de más de medio centenar de afectados.
Los asesores donostiarras confían en que se les devuelva a sus clientes la cantidad inicial que invirtieron antes de que se conozca el fallo del Supremo. Además, están estudiando la posibilidad de que se inste al Tribunal a que amplíe la garantía que consta en autos por responsabilidad civil. Cabe recordar que en el juzgado hay depositado un aval de otra entidad bancaria en favor del Banco Guipuzcoano por diez millones de euros.
Juan Luis Alfaro recuerda que "esta garantía es insuficiente y esa inversión, diez años después, se está multiplicando casi por seis. Esto no es un abuso. Lo que denota es que la situación era tan grave que se tenía que haber adoptado por parte de Banco Guipuzcoano y por quien procediera todas las medidas para evitar la situación denunciada".
Es importante señalar que los estafados que no se personaron en su día en la causa pueden contratar ahora un abogado y un procurador y obtener también los beneficios de la sentencia, que ampara las acusaciones. En este sentido, ATE Asesores Legales ha recibido peticiones de representación por parte de nuevos afectados. "Se ha hecho justicia tras tanto tiempo. La sentencia es idéntica a nuestra argumentación", se congratula Alfaro, quien añade que la entidad bancaria no realizaba un papel neutro: "Las personas que invirtieron lo hicieron al amparo del Guipuzcoano y por indicación de Echarri. Éste daba informes aun cuando conocía que no había solvencia en las cuentas de Fontaneda. El banco lo sabía y le condenan por omisión, por no prestar las medidas de cautela que debería haber adoptado, y también por acción, por su intervención en la medida que el director hace partícipe a la entidad de los ingresos y ofrece asimismo los citados informes de solvencia".
Las acusaciones también estudian la solicitud de prisión preventiva para Cid y para Echarri, condenados ambos a tres años y seis meses de cárcel.
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