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Juanjo Trullos, socio director de ATE Asesores, opina como experto fiscal acerca de la conveniencia de mantener el Impuesto de Patrimonio, así como las consecuencias que de ello se deriva para Gipuzkoa (único territorio de Euskadi y el resto del Estado donde se mantiene).

1. ¿Cree que el Impuesto de Patrimonio debería mantenerse, reformarse o eliminarse?
En primer lugar hay que señalar que el Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto obsoleto. El objetivo de este impuesto, cuando se implantó, fue fiscalizar y controlar los patrimonios significativos de las personas físicas. En la actualidad, existen suficientes instrumentos fiscales, que permiten a las 'grandes fortunas' eludir legalmente el pago de dicho impuesto, por lo que considero que sería razonable su eliminación.

 

2. ¿Cómo valora que Gipuzkoa sea el único territorio de la CAV y del Estado donde se mantenga?
Francamente, es muy difícil asimilar y entender y, a su vez, explicar a nuestros clientes, que por el mero hecho de tener la residencia fiscal en Gipuzkoa, nuestra normativa tributaria obliga a la autoliquidación de dicho impuesto, en caso de superar los mínimos exentos establecidos. En cambio, en la normativa estatal y Navarra dicho impuesto ha sido modificado, bonificando la cuota al 100% y habiendo sido derogado en la normativa vigente en Vizcaya y Álava. Entiendo que aunque tengamos en el País Vasco tres haciendas forales y capacidad normativa decisoria, a nivel impositivo se debería llegar a una armonización fiscal, que evitara la diferente tributación del ciudadano por el lugar donde tenga establecida su residencia fiscal.

 

3. ¿Podría tener consecuencias? Por ejemplo, ¿una fuga de contribuyentes?
La primera consecuencia es la confusión y malestar que se ha implantado en los contribuyentes de Gipuzkoa. La pregunta que se hacen es: ¿por qué se nos tiene que penalizar con un impuesto que no existe en el resto del Estado? La primera reacción para el ciudadano que está tributando por este impuesto podría ser intentar realizar el traslado de su domicilio fiscal y así evitar tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio, pero hay que señalar que eso no es tan sencillo, si realmente su vida laboral y familiar está radicada en Gipuzkoa. Por ello, creo que en caso de que existiera fuga de contribuyentes, ésta desde luego no sería muy significativa. Considero, que después de la sentencia de Luxemburgo, que ha reconocido nuestra singularidad fiscal, estamos en un momento apropiado para reflexionar sobre el modelo tributario que entendemos sería más conveniente implantar en el País Vasco.